Demanda EU detención y extradición de Rocha Moya; lo vinculan con Chapitos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios más de tener nexos con el narco; la FGR asevera que las solicitudes de detención no cuentan con elementos probatorios suficientes

Ayer por la tarde, el gobierno de los Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otros nueve funcionarios en activo o de previas administraciones en Sinaloa por vínculos con el narcotráfico, y solicitó a las autoridades mexicanas su extradición.

De acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la fiscalía de Nueva York, Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en la entidad que gobierna.

En la acusación se señala a los implicados de utilizar sus cargos públicos para proteger al Cártel de Sinaloa y asegurar el envío ininterrumpido de narcóticos hacia EU.

El fiscal de Brooklyn, Jay Clayton, junto con el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunció la apertura de una acusación formal contra Rocha y los otros nueve.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el 28 de abril recibió las solicitudes de extradición contra Rubén Rocha y nueve funcionarios más, las cuales turnó a la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, subrayó que en los documentos no se anexaron pruebas para poder determinar la responsabilidad de los acusados.

En tanto, el fiscal especial Ulises Lara explicó que la solicitud de extradición contra el gobernador Rocha Moya “no cuenta con elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes”, y anunció la apertura de una investigación.

Según el expediente y los documentos judiciales, la relación del gobernador sinaloense con el crimen organizado habría sido fundamental para el ascenso y el control territorial del cártel.

Delitos que se le imputan a Rocha Moya

•     Conspiración para la importación de narcóticos.

•     Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

•     Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Señalamientos contra el gobernador de Sinaloa

•     Protegieron a los líderes del cártel de investigaciones y arrestos.

•     Filtraron información militar y de inteligencia policial para frustrar operativos.

•     Desplegaron a la Policía Estatal, de Investigación y a la de Culiacán para custodiar cargamentos de droga y tolerar actos de violencia.

Acusa EU a Rocha de ligas con narco; pide detenerlo y extraditarlo

La administración del presidente Donald Trump acusó al gobernador Rubén Rocha y a otros nueve funcionarios, actuales y anteriores del gobierno de Sinaloa, de corrupción y vínculos con la facción de Los Chapitos en delitos de narcotráfico y armas de fuego.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal de que “como gobernador Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa”, por lo que piden su detención, con fines de extradición.

El caso, que ya ha sido asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, detalla que los acusados presuntamente utilizaron sus cargos públicos para proteger al Cártel de Sinaloa y asegurar el envío ininterrumpido de narcóticos letales hacia Estados Unidos.

Según la DEA y la fiscalía, “Los Chapitos ayudaron a Rocha Moya a ganar la elección para gobernador en noviembre del 2021, y desde entonces el gobernador de Sinaloa ha ayudado a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmá, entre otras cosas, a secuestrar e intimidar a rivales” de los Chapitos.

Tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha asistió a reuniones con Los Chapitos y prometió protegerlos mientras distribuían cantidades masivas de drogas a Estados Unidos”.

Al fiscal general adjunto de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, se le señala porque “ha recibido aproximadamente once mil dólares estadunidenses cada mes de Los Chapitos y, a cambio, los ha protegido de arrestos y les ha informado sobre las operaciones policiales planeadas respaldadas por Estados Unidos”.

También acusa a Juan Valenzuela Millán, mando de la policía municipal de Culiacán, de recibir sobornos mensuales de mil 600 dólares a cambio de asignar oficiales municipales en apoyo a Los Chapitos y, en octubre del 2023, secuestrar a un informante de la DEA.

*El Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en su nómina”, declaró el fiscal de Brooklyn, Jay Clayton.

*Debe terminar el apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas”, agregó.

El fiscal advirtió que “estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes: sin importar su título o cargo, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.

El encausamiento dice que los acusados “han vendido sus oficinas a cambio de sobornos masivos y han participado directamente en violencia y represalias del cártel, incluso asesinando a enemigos y secuestrando a personas sospechosas de cooperar con las fuerzas del orden estadunidenses en esta investigación”.

–Con información de Jimena Campuzano

Apunta a que El Mayo lo puso

Las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y funcionarios del orden de Sinaloa son parte de las declaraciones que dio Ismael El Mayo Zambada sobre lo que ocurrió cuando lo secuestraron en julio del 2024. Podrían basarse en las declaraciones de El Mayo más que en una investigación.

El Mayo dijo que el Chapito Joaquín Guzmán López, su ahijado, lo citó en un rancho donde lo esperaban Rubén Rocha Moya y miembros de la facción del Cártel de Sinaloa de los Chapitos.

El Mayo narró que, en el camino al rancho, lo emboscaron, mataron a su escolta y a él lo secuestraron. Viejo y enfermo, fue fácil que Joaquín Guzmán lo maniatara, lo subiera a una camioneta abierta o pickup, y luego a una aeronave en la que lo trasladó a la fuerza a Nuevo México, cerca de El Paso, para entregarlo y entregarse.

Luego de su detención,  El Mayo Zambada también dijo que la reunión con la que Joaquín Guzmán lo había engañado era para presuntamente hablar sobre la candidatura del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Cuén Ojeda, quien, según su versión, no era del agrado de Rocha Moya para que volviera a ocupar el cargo.

El Mayo declaró que Cuén Ojeda estaba en el rancho y que ahí fue asesinado, presumiblemente durante la presencia de Rocha Moya, a decir de El Mayo.

Por Manuel Ocaño.

No anexaron pruebas: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), lista que encabeza el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Sin embargo, en los documentos que llegaron el 28 de abril a las 6 de la tarde, no se anexan pruebas por parte del gobierno de los Estados Unidos en contra de “diversas personas”, detalla el documento de la cancillería mexicana.

Especificaron que: “de acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana. Los documentos que fueron recibidos por parte de la embajada de Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”, sostuvieron.

Aclaró la SRE, será la FGR quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Por Atalo Mata.

La FGR aclara: faltan pruebas contundentes

La Fiscalía General de la República (FGR) analizará las solicitudes de detención provisional, con fines de extradición, formuladas por el gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de la entidad.

Esto, porque, según la dependencia faltan pruebas contundentes.

*De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”, dijo.

El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, a través de un mensaje a medios, destacó que, en cualquier caso, de solicitud internacional, la dependencia debe cumplir con todos los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente.

*Esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadunidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”, dijo Lara.

Precisó que la institución fue notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de las solicitudes de detención provisional, con fines de extradición, formuladas por Estados Unidos. El objetivo, dijo, es determinar con exactitud si existen los elementos probatorios necesarios y, en su caso, evaluar la viabilidad de dichas solicitudes.

*Con fundamento en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables, indicó que corresponde a la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida.

La ley mexicana establece que para pedir a un juez una orden de aprehensión se deben presentar datos de prueba que infieran la posible comisión de un delito.

Subrayó que el tratado bilateral en la materia señala que la tradición únicamente se concederá cuando las pruebas sean suficientes conforme a las leyes del país requerido, en este caso México.

Lara López también destacó que la propia solicitud del gobierno de los Estados Unidos establece que la información contenida en cualquier petición de detención provisional o de tradición debe mantenerse bajo estricta confidencialidad.

Señaló que, de acuerdo con lo expresado por EU, su divulgación, como ocurrió en este caso en particular, podría afectar la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en ese país y contravenir sus normas procesales.

El funcionario mencionó que la convención de Viena de relaciones diplomáticas dispone que la información y documentación intercambiada en este tipo de procesos debe manejarse con carácter confidencial y reservado.

Recordó que la legislación mexicana establece que, tratándose de gobernadores y senadores, es necesario iniciar un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal de los servidores públicos que ocupan dichos cargos.

Finalmente, dijo que para la Fiscalía General de la República es fundamental cumplir con lo que mandata la ley, con pleno respeto a la soberanía nacional, para evitar vulnerar el estado de derecho, así como los derechos de personas requeridas.