Calla el barbosismo ante probados actos de corrupción
- PeriodicoYA Puebla
- hace 34 minutos
- 2 Min. de lectura
El procedimiento iniciado en tiempos de Sergio Salomón rinde frutos; gobierno de Puebla enfatiza en que en el estado “nadie está por encima de la ley”
Tras la reciente sanción contra la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, durante la administración de Miguel Barbosa Huerta, ha reabierto el debate sobre la corrupción y el manejo irregular de los recursos públicos en esa administración estatal.
El procedimiento sancionador iniciado durante la administración del exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina habla del compromiso con la transparencia y la legalidad del Estado con los poblanos tal y como lo ha reafirmado la actual administración. En este sentido la diputada federal Rosario Orozco Caballero –viuda de Miguel Barbosa– ha optado por el silencio, ante la solicitud de una opinión –vía telefónica– sobre el caso, por parte de Diario CAMBIO.
El caso, que derivó en una inhabilitación de 20 años y una multa por más de 362 millones de pesos, se considera una de las sanciones más severas impuestas en la historia reciente del estado. La resolución judicial confirma la responsabilidad directa de Castro Corro en la inversión irregular de más de 600 millones de pesos del erario en Banco Accendo, una institución que terminó en quiebra meses después.
El gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier ha insistido en que en Puebla “nadie está por encima de la ley”, al subrayar que las acciones emprendidas por el Poder Judicial se realizan “sin persecución, pero sin omisiones”. De acuerdo con fuentes oficiales, la administración actual mantiene abiertas diversas investigaciones sobre posibles irregularidades en el manejo financiero del sexenio anterior.
En contraste, el entorno político del fallecido gobernador Miguel Barbosa ha evitado pronunciarse públicamente sobre el caso, pese a la relevancia mediática y el impacto político que ha generado. Rosario Orozco Caballero, quien fue una de las figuras más visibles del llamado barbosismo, no ha emitido comentario alguno tras la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
Este silencio ha sido interpretado como un intento de evadir la responsabilidad moral o política por los actos de corrupción documentados durante el mandato de su esposo, quien solía presentar a Castro Corro como “una mujer incorruptible” y “ejemplo de funcionaria pública”.
Con información de Diario Cambio.
