Dictan prisión formal a Javier López Zavala por ser considerado autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón
- PeriodicoYA Puebla
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*Junto con el expolítico resultaron culpables su sobrino Jair N., como autor material, y Silvestre N., como ejecutor directo del ataque
El Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla dictó este martes fallo condenatorio contra el ex político Javier López Zavala, declarándolo culpable como autor intelectual del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, perpetrado el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula.
Junto con López Zavala, fueron declarados culpables su sobrino Jair N., como presunto autor material, y Silvestre N., señalado como el ejecutor directo del ataque a balazos.
La resolución judicial pone fin a un prolongado juicio oral que acumuló más de 80 audiencias desde abril de 2024, marcado por múltiples recursos legales y amparos interpuestos por la defensa para dilatar el proceso.
Helena Monzón, hermana de la víctima y representante legal de la parte agraviada, celebró el fallo a las afueras del Centro de Justicia Penal en el penal de San Miguel, donde se llevó a cabo la audiencia.
“Este veredicto confirma la teoría de la Fiscalía y de la familia: López Zavala ordenó el asesinato para evadir responsabilidades legales y familiares”, declaró.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla presentó pruebas que acreditaron la planeación del crimen como represalia por las denuncias previas de Cecilia Monzón contra su expareja por violencia familiar y pensión alimenticia.
Con esta condena, López Zavala, excandidato a la gubernatura de Puebla en 2010 y exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Mario Marín, pierde beneficios penitenciarios y podría ser trasladado a un penal federal de máxima seguridad, como El Altiplano.
La individualización de la pena se realizará en una audiencia posterior, donde la familia Monzón y la Fiscalía solicitarán la sanción máxima de hasta 60 años de prisión.
El caso impulsó la aprobación de la “Ley Monzón” en Puebla y otros estados, que protege la custodia de hijos de víctimas de feminicidio al suspender la patria potestad del padre acusado o condenado.
Colectivos feministas y activistas presentes en el lugar exigieron que no haya impunidad y que la sentencia marque un precedente en la lucha contra la violencia de género en el estado.
