Entre demandas por disculpas, Francisco Garduño deja el INM hoy

ONGs llaman a modificar la política migratoria mexicana a fin de que ésta deje de ser punitiva

Durante 2024, en México se duplicó el número de migrantes detenidos a comparación con 2023, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

En el último año de la gestión de Francisco Garduño Yáñez, al frente del Instituto Nacional de Migración (INM), se detuvo un total de 925 mil 85 personas, en comparación con los 563 mil 569 de 2023.

La cifra de aprehensiones de migrantes ha crecido de forma exponencial en los últimos cinco años; en 2022, se llegó a 314 mil 639; un año antes, en 2021, se contabilizaron 185 mil 319 y en 2020 fueron 82 mil 379 los detenidos.

Las nacionalidades más afectadas por las detenciones son la venezolana, ecuatoriana, hondureña, guatemalteca, salvadoreña, nicaragüense y colombiana.

En entrevista con medios nacionales, Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, llamó a modificar la política migratoria de México a fin de que ésta deje de ser punitiva.

    Migrar no es un delito, cuando hablamos de detenciones de migrantes, ni siquiera tendría que existir la detención de migrantes.

    Cuando hablamos de detenciones, que ha hecho el Instituto Nacional de Migración, es porque los ha privado de su libertad, de su libre tránsito, cuando ni siquiera debiera de haberlos detenido”, dijo la defensora de migrantes.

Expuso que la legislación en materia de migración debe ser actualizada pues la Ley General de Población data de 1974 y la Ley de Migración de 2011, y en el momento actual se debe evitar la detención arbitraria de migrantes, lo cual propicia la corrupción por parte de los agentes del INM.

Sin embargo, precisó la abogada, la norma vigente contempla esquemas no coercitivos hacia las personas en tránsito que se encuentran por la República Mexicana.

    Hay otras medidas que la propia ley establece, por ejemplo, que se le debe dar un aviso al migrante para darle la posibilidad de que regularice su estancia en México.

    Pero, además no solamente el abuso, sino además explicarle cuáles son los requisitos, ante qué autoridades, etcétera, la detención tendría que ser la última medida”, comentó.

La representante de dicha organización, la cual lleva la contabilización de migrantes detenidos en México, precisó que sólo una parte de los migrantes irregulares detenidos son deportados a su país de origen y después de un arduo camino otros logran obtener un permiso temporal de residencia en México.

Disculpa pública

El extitular del INM, Francisco Garduño, quien ocupó el cargo desde junio de 2019 y lo dejó hoy 1 de mayo, tiene pendiente una disculpa pública, a nombre del Estado mexicano, a efectuarse mañana 2 de mayo, por mandato de un juez, a causa el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez del 27 de marzo de 2023, que cobró la vida a 40 personas.

El pasado 12 de abril el Tribunal Colegiado de Apelación de Ciudad Juárez confirmó la suspensión condicional otorgada a Francisco Garduño, en el proceso penal abierto por el incendio en la estación migratoria.

    Esta orden que le da un juez a Francisco Garduño de otorgar una disculpa pública efectivamente es en el ejercicio de sus funciones como funcionario público pues cometió un delito que provocó estas muertes.

    Francisco Garduño no fue imputado, no fue investigado por homicidio, tampoco por lesiones, sino por un delito que es algo similar a una responsabilidad administrativa que se llama ejercicio ilícito de las funciones públicas; que dejó de hacer para que sucediera, es una línea muy delgada entre el resultado, el resultado fueron 40 personas muertas”, dijo Yesenia Valdez.

–¿Puede ser impugnable la última sentencia de un juez que otorga el perdón a Garduño y solo le ordena pedir una disculpa?, preguntaron medios nacionales.

–Sí, nosotros interpusimos una apelación, que fue ratificada la sentencia por el tribunal, un tribunal colegiado, y contra esa resolución se promueve un amparo y ahora tenemos la posibilidad de interponer el juicio de amparo y nosotros estamos a unos días de interponerlo.

Las organizaciones defensoras de los migrantes están pidiendo que la disculpa se realice afuera de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde ocurrió el incendio.

    La propuesta es que sea híbrida, hay familias que quieren ir, que quieren tener al señor de frente y habrá otras que no, por la situación migratoria en Estados Unidos, no quieren salir por el temor a ya no regresar, el formato sería híbrido, presencial y por plataformas, y las familias tienen derecho a réplica”, detalló.

Relevo en el IMM

El INM oficializó a través de redes sociales la salida de Francisco Garduño Yáñez como titular del organismo, a partir de hoy, luego de una gestión iniciada en junio de 2019.

El relevo se formalizó en una ceremonia privada realizada en la sede central del instituto, donde se presentó al exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, como nuevo comisionado, quien asumió funciones a partir de hoy jueves.

Yesenia Valdez, de la Fundación para la Justicia y asesora a los familiares de las víctimas del incendio en la estación migratoria, indicó que México debe tratar a los migrantes ilegales como se quiere que se trate a los nuestros en Estados Unidos.

Comentó que la política migratoria llevada a cabo por Francisco Garduño Yáñez en el INM, en estos casi seis años, obedeció más a los lineamientos de retención de migrantes en nuestro país para que no llegaran a Estados Unidos.

    El tiempo que ha estado el señor Garduño al frente del INM, muy lamentablemente ha aplicado una política migratoria que pareciera que responde más a los intereses de Estados Unidos que a los intereses de un país como el nuestro, de una sociedad que siempre nos hemos caracterizado de ser amistosos y muy humanos con los ciudadanos del resto del mundo”, señaló.

La abogada de migrantes solicitó a la Presidenta de la República que en la nueva ley sobre desaparición forzada se contemple a los migrantes no localizados y se considere el punto de vista de las ONG que los defienden, tal como ocurre hoy con el caso de las madres buscadoras.

    Que se tome en cuenta que cuando hablamos de desaparición no sólo hablamos de mexicanos desafortunadamente, sino personas migrantes, personas en movilidad de muchas partes del mundo, no tomarlas en cuenta es nuevamente invisibilizarlos.

    Hemos pedido que en estas mesas de trabajo estén presentes familiares de migrantes desaparecidos. Colectivos de Centroamérica pidieron nuestro apoyo”, comentó.

El incendio

En el incendio del 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, fallecieron 40 personas y resultaron heridas otras 27, la mayoría migrantes centroamericanos que se encontraban bajo custodia del INM.

Las grabaciones de seguridad mostraron que, pese al inicio del fuego, no se abrió la celda donde estaban encerrados.

Las imágenes causaron indignación pública nacional e internacional, y motivaron una investigación penal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que citó al entonces comisionado Francisco Garduño, por presuntas omisiones en las acciones de vigilancia y resguardo del centro de retención.

Garduño Yáñez fue señalado por organizaciones defensoras de derechos humanos por omisiones y deficiencias en los protocolos de seguridad y atención.

El 29 de marzo de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció públicamente la responsabilidad del Estado en la tragedia y prometió que habría justicia.

Durante 2023, diversos organismos internacionales, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), exigieron una reforma integral del sistema migratorio, así como condiciones dignas en las estaciones de detención.

Las familias de las víctimas y organizaciones de defensa de los derechos humanos solicitaron una disculpa pública y la creación de mecanismos para la reparación del daño.

Durante meses, el proceso se mantuvo detenido por desacuerdos entre las autoridades y los representantes legales de los familiares de las víctimas.