Feministas y comunidad indígena de San José Zetina respaldan a Norma Romero ante la SCJN; piden atraer su caso con perspectiva de género


*Juristas, defensoras de derechos humanos y habitantes de Azumiatla, Puebla, presentaron escritos ante el máximo tribunal respecto al recurso de revisión 311/2026.
*Solicitan que el asunto no se analice solo desde el ámbito administrativo, sino bajo estándares internacionales de derechos humanos, igualdad sustantiva y no revictimización.
Mujeres juristas, académicas, notarias públicas y defensoras de derechos humanos, junto con integrantes de la comunidad indígena de San José Zetina en la junta auxiliar de Azumiatla, Puebla; presentaron el pasado 12 de noviembre dos escritos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para respaldar a Norma Romero Cortés, titular de la Notaría Pública Número Cuatro del Distrito Judicial de Puebla, y solicitar que el máximo tribunal ejerza su facultad de atracción sobre su caso.
La petición está vinculada al recurso de revisión 311/2026 —derivado del juicio de amparo indirecto 1497/2025— y plantea la necesidad de que la controversia trascienda una revisión meramente administrativa o procesal, incorporando el análisis de posibles expresiones de violencia de género e institucional en contra de la fedataria.
Perspectiva feminista y estándares internacionales
El primer recurso, presentado bajo la figura de amicus curiae por colectivos especializados en derecho constitucional y litigio estratégico, exhorta a la Corte a estudiar el expediente desde una perspectiva feminista, de igualdad sustantiva e interseccionalidad.
El objetivo es identificar relaciones desiguales de poder, discriminación y violencia institucional que han impactado la vida profesional, económica y personal de Romero Cortés, quien ha denunciado presuntos actos de hostigamiento y violencia de género atribuidos al exdelegado regional del Infonavit en Puebla, Tony Kuri Alam.
Las promoventes señalaron que durante el proceso previo habría existido revictimización e invisibilización de elementos probatorios clave. Por ello, instaron a la SCJN a sentar precedentes sobre la obligación de investigar con debida diligencia y sin prejuicios, aplicando los estándares de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
Reciprocidad y respaldo comunitario
Por su parte, la comunidad indígena de San José Zetina ingresó un pronunciamiento motivado por la solidaridad y la reciprocidad, reconociendo el acompañamiento que Norma Romero les ha brindado en la defensa y restitución de sus tierras ancestrales.
Invocando el artículo 2 constitucional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los integrantes de la comunidad subrayaron que su respaldo no pretende sustituir la labor de los tribunales ni anticipar un fallo, sino exigir que la voz de la notaria sea escuchada en su contexto integral: "Ella ha cuidado de nuestros derechos. Hoy queremos cuidar de los suyos, porque nadie debería quedar solo después de haber acompañado a otros en su lucha por la justicia", expresaron en su documento.
Con ambas intervenciones, las organizaciones y la comunidad buscan que la Suprema Corte garantice el debido proceso y evalúe la trascendencia constitucional del caso bajo el doble eje de la justicia con perspectiva de género y la protección a quienes defienden los derechos humanos.

















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