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Implicado en desfalco a Segalmex recibe sentencia por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada

  • Foto del escritor: PeriodicoYA Puebla
    PeriodicoYA Puebla
  • 9 may
  • 2 Min. de lectura

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Jorge Humberto González Bocardo, excoordinador de Operaciones en Diconsa, recibió una sentencia de 15 años por una compra simulada con un valor de más de 140 mdp

 

El excoordinador de Operaciones en Diconsa, Jorge Humberto González Bocardo, fue sentenciado a 15 años de prisión después de haber sido encontrado culpable por delitos relacionados con delincuencia organizada y lavado de dinero, derivados de una compra simulada de azúcar, valuada en más de 140 millones de pesos.

 

La sentencia fue emitida por un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), demostrara que el exfuncionario participó en una operación fraudulenta durante su gestión en la paraestatal.

 

De acuerdo con la investigación, González Bocardo autorizó y firmó documentos que avalaban la adquisición de siete mil 800 toneladas de azúcar que nunca fueron entregadas, a través de la empresa fachada Servicios Integrales Carregin.

 

Diconsa, sin verificar la recepción del producto, realizó el pago íntegro por 142.5 millones de pesos, como parte de un contrato mayor por 465 millones para abastecer a Segalmex.

 

Los registros judiciales y auditorías oficiales confirmaron que se trató de una operación simulada. Como resultado, la FEMDO giró 22 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y empresarios relacionados con el fraude; hasta el momento, nueve han sido detenidos.

 

González Bocardo fue capturado en marzo de 2023, en Saltillo, Coahuila, por elementos de la Policía Federal Ministerial. Además de su condena de prisión, el exservidor público fue sancionado con una multa equivalente a 375 días de salario, quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 15 años y se le retiraron sus derechos civiles y políticos.

 

El caso forma parte de las investigaciones en torno a uno de los mayores escándalos de corrupción dentro del sistema de abasto social del país.

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