Solicitará INE a la ASF revisar contratos de 2016 a 2026 por irregularidades
Después de la renuncia de Guadalupe Taddei, el Instituto busca revisar diez años de contrataciones y esclarecer posibles irregularidades en la asignación de recursos
Diez años de contratos, compras y arrendamientos del Instituto Nacional Electoral serán objeto de una solicitud de revisión extraordinaria ante la Auditoría Superior de la Federación, como parte de las medidas aprobadas por el Consejo General para esclarecer presuntas irregularidades administrativas durante la gestión de Guadalupe Taddei.
El plan fue aprobado el jueves 5 de noviembre de 2026, en medio de la crisis institucional que enfrenta el organismo tras la renuncia de su expresidenta y los señalamientos sobre posibles actos de corrupción y favoritismo en la contratación de proveedores.
Entre las principales acciones se encuentra solicitar a la ASF una fiscalización emergente de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados entre 2016 y 2026, periodo que comprende administraciones anteriores a la de Taddei.
El acuerdo también contempla evaluar la contratación de una auditoría externa independiente y habilitar un buzón electrónico para recibir denuncias anónimas relacionadas con posibles irregularidades dentro del instituto.
Además, se prevé establecer mecanismos para preservar documentos y elaborar un inventario de los contratos que deberán revisarse, con prioridad en aquellos que pudieran comprometer el desarrollo del proceso electoral.
INE revisará contratos y acceso a información confidencial
Uno de los objetivos del plan es identificar las condiciones que permitieron las presuntas irregularidades y determinar si existieron fallas en los mecanismos de supervisión administrativa.
La revisión también contempla aspectos relacionados con el acceso a los datos del padrón electoral y otra información reservada o confidencial bajo responsabilidad del instituto.
Los consejeros plantearon que las investigaciones deberán permitir establecer responsabilidades y, cuando existan elementos suficientes, dar paso a los procedimientos administrativos o penales correspondientes.
El consejero Arturo Castillo calificó la situación como una de las crisis más graves que ha enfrentado el INE, debido a que la salida de su presidencia ocurrió en medio de acusaciones de corrupción.
También señaló que la renuncia de una persona no resulta suficiente para resolver los problemas institucionales si no se esclarecen los hechos.
Buscan limitar adjudicaciones directas y revisar proveedores
Durante la sesión, la consejera Carla Humphrey planteó modificar los procedimientos de contratación para reducir los espacios de discrecionalidad y prevenir conflictos de interés.
Entre sus propuestas destacó ampliar el uso de licitaciones públicas, incluso internacionales, y reservar las adjudicaciones directas para situaciones excepcionales.
También propuso establecer una comisión de administración con participación de los consejeros electorales, con el propósito de fortalecer la supervisión de las decisiones presupuestales y de contratación.
De acuerdo con los señalamientos expuestos durante la sesión, en la administración anterior los consejeros habían quedado al margen de determinadas decisiones adoptadas por la Junta General Ejecutiva.
Representantes de partidos políticos también solicitaron investigar los pagos realizados a un grupo reducido de proveedores presuntamente beneficiados y determinar quién autorizó esas operaciones.
Hasta ahora, estos señalamientos requieren ser esclarecidos mediante las investigaciones correspondientes.
Presidencia provisional del INE promete transparencia
La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, aseguró que la autonomía constitucional del INE no debe utilizarse como argumento para impedir la revisión de sus decisiones administrativas.
Por ello, ofreció colaboración con las autoridades fiscalizadoras y con las instancias encargadas de investigar posibles responsabilidades.
En paralelo, se informó sobre la cancelación de una reunión prevista para el viernes entre consejeros electorales y funcionarios federales de seguridad e inteligencia financiera.
El encuentro tenía como objetivo comenzar a organizar la verificación de integridad de las candidaturas que participarán en las elecciones de 2027.
Cruz también anunció que revisará las demandas laborales de trabajadores de los módulos de atención ciudadana, quienes han advertido sobre la posibilidad de realizar un paro para exigir mejores condiciones.
Partidos exigen sanciones por presuntas irregularidades
Durante la discusión del Consejo General, representantes partidistas coincidieron en que la renuncia de Guadalupe Taddei no debe significar el cierre de las investigaciones.
Los participantes exigieron esclarecer las operaciones administrativas cuestionadas y determinar si existieron responsabilidades de funcionarios o particulares.
El representante del partido PAZ, Ernesto Guerra, pidió investigar las irregularidades denunciadas y evitar que la salida de la anterior presidenta permita dejar los hechos sin consecuencias.
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