Aprueban diputados restringir participación de candidatos con doble ciudadanía
La restricción entraría en vigor en 2028 y no afectará las gubernaturas que se disputarán en 2027 ni elimina la doble nacionalidad para los mexicanos
Quienes tengan una segunda nacionalidad tendrán que renunciar a ella si pretenden competir por la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a partir de 2028, de acuerdo con una reforma constitucional que avanzó este martes en la Cámara de Diputados.
El pleno aprobó en lo general el dictamen con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, con el respaldo de Morena, PVEM y PT y el rechazo de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para incorporar la nacionalidad única como requisito para quienes busquen encabezar los poderes ejecutivos federal y locales.
Segunda nacionalidad deberá abandonarse antes del registro
La modificación no plantea retirar la doble nacionalidad a los mexicanos que actualmente cuentan con ella ni establece una prohibición general para poseerla.
La restricción se concentra en tres cargos: Presidencia de la República, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Una persona mexicana por nacimiento que también posea otra nacionalidad podrá aspirar a esos puestos siempre que renuncie previamente a la nacionalidad extranjera, conforme al procedimiento previsto en la legislación, antes de solicitar su registro como candidata.
Además, mientras ocupe alguno de esos cargos no podrá adquirir otra nacionalidad, invocarla ante autoridades extranjeras, utilizar un pasaporte extranjero para esos efectos, ejercer derechos políticos vinculados con esa ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro país.
Reforma comenzaría a aplicarse en 2028
Otro de los puntos centrales es la fecha de entrada en vigor. Los nuevos requisitos comenzarían a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028 y no afectarían a quienes ya se encuentren ejerciendo los cargos contemplados.
Esto significa que la disposición no tendría efectos sobre las 17 gubernaturas que estarán en disputa durante las elecciones de 2027.
Tampoco se extendería a quienes aspiren a diputaciones federales o locales, senadurías, presidencias municipales y otros puestos de elección popular.
Morena y aliados argumentan defensa de la soberanía
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy Rangel, defendió el dictamen bajo el argumento de que quienes encabecen los poderes ejecutivos deben mantener un vínculo jurídico y político exclusivamente con México.
Morena, PT y PVEM sostuvieron durante el debate que la medida busca reducir posibles conflictos derivados de la pertenencia jurídica a otro Estado y garantizar que los titulares de esos cargos respondan únicamente a los intereses mexicanos.
La iniciativa fue presentada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y había sido aprobada previamente por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Oposición cuestiona posible restricción de derechos
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron el cambio constitucional al considerar que tener una segunda nacionalidad no determina la lealtad de una persona hacia México.
Los legisladores opositores también argumentaron que la disposición podría restringir los derechos políticos de mexicanos que viven en el extranjero o adquirieron otra nacionalidad.
Durante la discusión también surgieron acusaciones de que la modificación tendría destinatarios políticos específicos. La diputada de Movimiento Ciudadano Claudia Salas señaló que la reforma podría estar dirigida a impedir una eventual candidatura presidencial del empresario Ricardo Salinas Pliego; se trata de un señalamiento político de la legisladora y no de una finalidad establecida en el dictamen.
Otros legisladores recordaron casos de políticos mexicanos con una segunda nacionalidad para cuestionar o defender la modificación.
Reforma todavía debe completar proceso legislativo
La votación de este martes representó la aprobación del dictamen en lo general. Los diputados continuaron posteriormente con la discusión de los artículos reservados y posibles modificaciones en lo particular.
Al tratarse de una reforma constitucional, su aprobación en la Cámara de Diputados no basta para modificar la Constitución. Una vez concluido el trámite en San Lázaro, el proyecto deberá continuar su proceso legislativo en el Senado y, si obtiene la mayoría calificada correspondiente, pasar a las legislaturas de los estados.
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