Trabajadores denuncian acoso al interior del INE para renunciar

La enlace administrativo de la Unidad de Género sufrió hostigamiento para dejar su cargo, pese a su embarazo de alto riesgo; la complicación derivó en aborto, asegura

La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), dependiente de Guadalupe Taddei Zavala, fue desmantelada y ocupada por personas afines a la entonces presidenta.

En mayo de 2026 comenzaron los despidos de siete de las nueve personas de la estructura de esa área, que cuenta con 10 años de existencia y un presupuesto de 36.5 millones de pesos.

Medios nacionales tienen copia de la ampliación de la denuncia ante el Órgano Interno de Control presentada por la exfuncionaria Juana Isela Villalba Gutiérrez.

La exfuncionaria denunció que, tras negarse a renunciar por contar con licencia médica por gravidez y diagnóstico de embarazo de alto riesgo, sufrió hostigamiento para dejar su puesto de enlace administrativo.

El acoso culminó el 29 de septiembre, tras una diligencia de más de cuatro horas sin alimento ni agua. Sostuvo que estos hechos pudieron contribuir a que abortara el 1 de octubre.

Ante lo sucedido, Villalba solicita que sea evaluada por un perito especializado.

Exhiben acoso para renunciar a INE pese a embarazo

La Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación del Instituto Nacional Electoral, dependiente jerárquicamente de Guadalupe Taddei Zavala, fue desmantelada de su personal de carrera y colonizada por gente afín a la entonces presidenta del INE, en medio de un drama humano: la presión laboral en contra de una funcionaria con un diagnóstico de embarazo de alto riesgo habría contribuido a un aborto y la muerte de su hijo en gestación.

El 29 de septiembre de 2026, la todavía enlace administrativo de la Unidad fue hostigada para renunciar en una reunión que se prolongó por más de cuatro horas, tiempo en que no comió nada ni bebió agua.

La noche del 29 experimenté dolor abdominal; el 30 presenté sangrado abundante y acudí a atención particular. Refiero que en esa consulta se me informó ausencia de actividad cardiaca, extremo cuyo alcance debe corroborarse con los estudios y mi expediente clínico. El 1 de octubre de 2026, a las 7:00, el especialista León Arnoldo Pérez Carrillo me practicó aspiración manual endouterina en la Clínica de Ginecología Oncológica”, se lee en la ampliación de demanda interpuesta por Juana Isela Villalba Gutiérrez, exfuncionaria del INE, ante el Órgano Interno de Control (OIC).

Medios nacionales tienen copia de la ampliación y del testimonio de la exfuncionaria, donde cuenta cómo la extitular de la Unidad, Iliana Araceli Hernández Gómez, y Soledad Gabriela Saavedra García, subdirectora de transversalización y evaluación (aún en funciones), le hicieron saber los mensajes de la entonces presidenta del INE, Guadalupe Taddei: que “ella era parte del equipo de la anterior administración”, “que había perdido la confianza en ella” y “que mejor renunciara”, no obstante tener una licencia médica y una licencia del ISSSTE por un embarazo de alto riesgo, que comunicó a sus superiores.

La colonización de la Unidad empezó en mayo de 2026. Siete de las nueve personas de su estructura, que tiene 10 años de existencia y un presupuesto de 36.5 millones de pesos, fueron despedidas. Los cargos que ocupó gente cercana a Taddei fueron la titularidad, las tres subdirecciones, tres departamentos y el enlace financiero.

Entre ellas fue despedida Isela Villalba Gutiérrez, enlace administrativo, quien entonces estaba embarazada con diagnóstico de alto riesgo y tenía una licencia por ingravidez. Fue acosada para dejar su cargo, además sin la liquidación de ley.

Contó en entrevista que entró a la Unidad en febrero de 2025, por invitación de la anterior titular, para resolver pagos pendientes del ejercicio 2024 y del 2025. “Éramos una estructura muy pequeña”, dijo: la titular, tres subdirecciones y cada una de ellas con cuatro jefaturas, y ella. En mayo de 2026 empezaron a despedir a la estructura, pero “yo no y tres personas más no fuimos despedidas; a mí, porque estaba en una situación de incapacidad: me operaron del peroné, después de una fractura el 11 de enero de 2026. Tenía incapacidad y trabajaba desde casa, en un acuerdo con la anterior titular (Flor Dessiré León Hernández)”.

En su demanda expuso que “durante mi recuperación, por instrucciones de Flor Dessiré León Hernández, continué atendiendo labores desde casa: reuniones virtuales, llamadas, correos y oficios; trabajos de presupuesto y capacitación; integración de expedientes de nuevo ingreso; controles e inventarios; y recepción de informes del personal de honorarios eventuales”. Sostiene que la terminación de su relación laboral se debió a presiones, cambios en sus funciones y un trato discriminatorio que afectó su dignidad, salud y estabilidad económica.

Según su testimonio, el conflicto comenzó el 19 de mayo de 2026, cuando Saavedra García le pidió presentarse al día siguiente ante la Secretaría Ejecutiva para atender una auditoría del OIC, pese a su incapacidad médica. Le advirtió que no podía ser sustituida y que podría ser sancionada si no acudía.

El 20 de mayo se presentó con ayuda de un bastón. Participó en una reunión sobre la fiscalización y luego solicitó hablar con Iliana Araceli Hernández Gómez, entonces titular de la unidad, para aclarar sus responsabilidades y la continuidad de sus actividades a distancia.

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En una segunda reunión, a las 16:25 horas aproximadamente, con Hernández Gómez, Saavedra García y otros funcionarios, se le comunicó que el cambio de administración requería disponer de espacios para incorporar al equipo de confianza de la nueva titular.

Propuso continuar con los procedimientos administrativos y asuntos de auditoría, pero se le informó que otras personas asumirían esas tareas. Aun así, ese día recibió instrucciones de concluir la contestación de un requerimiento de auditoría, que envió a las 20:10 horas.

El 26 de agosto informó directamente a Saavedra García que tenía un embarazo de alto riesgo y que seguía incapacitada. Denunció que su oficina había sido convertida en sala de juntas sin previo aviso, pese a contener documentación y bienes bajo su resguardo.

El 1 de septiembre de 2026, la mujer que perdió a su hijo en gestación acudió a una cita que, según refiere, le presentaron como una oportunidad para dialogar sobre seguir trabajando desde su casa. Saavedra García, acompañada de una persona presentada como abogado de la unidad, le mostró documentos de terminación laboral por pérdida de confianza y le pidió firmar de recibido. Se negó y reiteró que había informado de su embarazo de alto riesgo y de sus incapacidades médicas.

Entre los documentos estaba el oficio INE/UTIGyND/1014/2026, que le atribuía deficiencias documentales y de seguimiento administrativo y fijaba el 2 de septiembre como fecha de efectos. Ella controvirtió esas imputaciones y cuestionó que correspondieran a las actividades que le habían encomendado.

Ese mismo día acudió al ISSSTE y recibió una incapacidad de tres días, con diagnóstico de embarazo confirmado. El 7 de septiembre obtuvo otra, por siete días, del 4 al 10, con diagnóstico de amenaza de aborto y certificación de embarazo de alto riesgo por edad y miomatosis uterina.

Comunicó su situación a Hernández Gómez y a otras autoridades por correo, con documentación clínica, y solicitó intervención institucional y protección. El OIC notificó la apertura de la investigación INE/OIC/INV/244/2026 el 25 de septiembre.

El 29 de septiembre acudió a la entrega-recepción de sus asuntos, equipo de cómputo, credencial y otros bienes. Durante la diligencia, con Saavedra, Jonathan Ricardo Pacheco Leyva y Erick Ulises Hernández Trejo como testigos, afirmó que se le comunicó, por instrucciones de Iliana Hernández, que ya no podía continuar como trabajadora, que tenía prohibido ingresar y que debía retirar sus pertenencias personales.

Sostuvo que eso confirmó la ejecución definitiva de su despido y negó que su participación implique una renuncia voluntaria o aceptación. Expone también que recibió presiones para modificar referencias al despido y suscribir movimientos de personal, y que no se le permitió el acompañamiento que solicitó por sus condiciones de salud.

Refiere que después presentó dolor abdominal y sangrado abundante. El 1 de octubre de 2026 fue sometida a una aspiración manual endouterina. El ISSSTE certificó que cursó con un aborto espontáneo ese día.

Sostuvo que el despido, las presiones laborales y la incertidumbre sobre su situación contractual agravaron su estado emocional y pudieron contribuir al deterioro de su condición obstétrica. No obstante, la documentación médica acredita la pérdida gestacional, pero no establece una relación causal con las actuaciones laborales, cuestión que solicita sea evaluada mediante una pericial especializada.