Demanda Trump a México investigar a funcionarios ligados al crimen organizado


Aunque la administración estadounidense reconoció los decomisos y operativos realizados por las autoridades nacionales, planteó nuevas medidas para reforzar el combate a los cárteles
Pese a que México logró evitar quedar dentro de los países calificados por Estados Unidos de haber incumplido sus compromisos internacionales contra las drogas, Washington acompañó esa evaluación con una serie de nuevas exigencias para el gobierno federal. Entre ellas aparece investigar a servidores públicos que puedan colaborar con organizaciones criminales.
La administración del presidente Donald Trump presentó su determinación anual sobre los países considerados relevantes para la producción o el tránsito de drogas ilícitas correspondiente al año fiscal 2027.
En total, 23 naciones fueron incluidas en la denominada “Majors List”, entre ellas México, China, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, India y Afganistán.
Aparecer en este listado, sin embargo, no significa automáticamente que Estados Unidos considere insuficientes las acciones de cada gobierno contra el narcotráfico.
La Casa Blanca explica que la clasificación también responde a factores geográficos, comerciales y económicos que permiten que cantidades importantes de drogas o sustancias utilizadas para producirlas transiten por determinados territorios.
EU plantea nuevas acciones para México
Aunque México no recibió una evaluación negativa, el documento estadounidense establece varios asuntos en los que espera mayores acciones durante los próximos meses.
Uno de los planteamientos es que las autoridades mexicanas investiguen, detengan y procesen a funcionarios públicos que colaboren con organizaciones criminales.
La determinación no menciona nombres, dependencias ni casos particulares, por lo que no constituye una acusación contra algún servidor público mexicano específico.
Washington también plantea incrementar las inspecciones en los puntos de entrada a Estados Unidos para detectar drogas, precursores químicos y mercancías relacionadas con su fabricación.
A esto agrega el fortalecimiento de la seguridad en las cadenas de suministro, una mayor participación del sector privado y el aumento de recursos destinados a las corporaciones encargadas de combatir a los cárteles y sus redes financieras.
La política antidrogas estadounidense mantiene como una de sus prioridades reducir la entrada de fentanilo y de los compuestos químicos utilizados para producir opioides sintéticos.
Washington reconoce acciones del gobierno de Sheinbaum
La evaluación estadounidense también incluye referencias a las operaciones realizadas por México durante la administración de la presidente Claudia Sheinbaum.
Entre las acciones señaladas aparecen decomisos de drogas, destrucción de laboratorios clandestinos y despliegues de fuerzas de seguridad, además de operaciones realizadas como parte de la cooperación bilateral.
Pese a reconocer estos resultados, la administración Trump sostiene que las organizaciones criminales mexicanas mantienen capacidad para producir y trasladar drogas hacia Estados Unidos, por lo que plantea ampliar las medidas existentes.
El señalamiento relacionado con funcionarios públicos tampoco aparece por primera vez dentro de la relación bilateral.
En junio de 2025, Reuters informó que funcionarios estadounidenses buscaban que México avanzara en investigaciones contra políticos presuntamente relacionados con organizaciones criminales y que, en aquellos casos donde existieran cargos en territorio estadounidense, se consideraran posibles extradiciones.
México no está entre los cuatro países con evaluación negativa
La determinación estadounidense establece una diferencia entre formar parte de la lista de países relevantes para el tránsito o producción de drogas y ser señalado por no realizar esfuerzos suficientes para enfrentar el problema.
Para el periodo evaluado, Estados Unidos colocó en esta segunda categoría únicamente a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, al considerar que no realizaron esfuerzos sustanciales suficientes durante los 12 meses anteriores para cumplir sus compromisos internacionales contra el narcotráfico.
México no aparece dentro de ese grupo.
La diferencia permite que Washington reconozca determinadas acciones realizadas por las autoridades mexicanas mientras, al mismo tiempo, establece nuevas prioridades para la cooperación bilateral.

















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