Investigan a funcionarios y firmas ligados a Guadalupe Taddei

El Órgano Interno de Control del INE abrió 41 procesos de investigación; están bajo la lupa 23 personas y 18 empresas por anomalías en contrataciones

El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral abrió 16 procesos de investigación, 25 investigaciones adicionales en materia de contrataciones, notificó 45 cédulas de observaciones preliminares y en tres de cuatro casos emitió la calificación de ocultamiento de conflicto de interés, todo relacionado con el escándalo que obligó a la renuncia de Guadalupe Taddei.

Así lo informó su titular, Víctor Hugo Carvente, en un documento enviado ayer a la Cámara de Diputados en el cual se detalla que se indaga a 23 personas, incluidos 15 empleados o exservidores del INE, así como a 18 empresas involucradas en el caso.

En el informe, el OIC también descartó que, como órgano, tenga facultad para revisar la contratación de personal del instituto, como aseguró Taddei, quien ayer presentó su renuncia como presidenta del INE ante la Cámara de Diputados.

El documento revela que, el pasado 9 de octubre, el OIC notificó al instituto 45 cédulas de observaciones preliminares relativas a la fiscalización de procedimientos de contratación realizados entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de mayo de 2026.

Entre los hallazgos destacan la posible presentación de documentación falsa o alterada, ocultamiento de conflicto de interés y posible ejercicio de recursos sin debida comprobación.

Se detectaron también “posibles actos de colusión y de participación ilícita en procedimientos administrativos. Posible identificación de personas morales que no acreditan capacidad técnica, económica u operativa para prestar los servicios contratados. Posible incumplimiento de obligaciones contractuales, fiscales y de seguridad social”.

Las indagatorias identificaron falta a la veracidad en la información declarada, “que actualiza ocultamiento de conflicto de interés o enriquecimiento ilícito”, así como uso o aplicación irregular de recursos públicos, que podría derivar en desvío de recursos públicos, e irregularidades en procedimientos de contratación, “que pueden derivar en simulación de cumplimiento de requisitos en las contrataciones y abuso de funciones”, entre otras anomalías.

Abren maxiproceso a Taddei; indagan 41 posible ilícitos

El titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, informó ayer a la Cámara de Diputados que abrió 16 procesos de investigación, 25 investigaciones adicionales en materia de contrataciones, notificó 45 cédulas de observaciones preliminares y en tres de cuatro casos emitió la calificación de ocultamiento de conflicto de interés, todo relacionados con el escándalo que obligó a la renuncia de Guadalupe Taddei.

En el documento que envió a la Cámara de Diputados detalla que se investiga a 23 personas; de ellas, 15 son empleados o exempleados del INE, así como a 18 empresas y desmiente a Guadalupe Taddei, quien dijo que la contratación de personal del INE es revisada por el Órgano Interno de Control (OIC).

No existe disposición ni procedimiento previsto en la normativa del Instituto Nacional Electoral o de este OIC que lo faculte para revisar, validar o autorizar, de manera previa, las contrataciones de personal. Por otra parte, este ente fiscalizador sí cuenta con atribuciones para iniciar procesos que comprueben la veracidad de las declaraciones presentadas por las personas servidoras públicas.

“De contar con indicios que reflejen alguna discrepancia u omisión, se apertura un expediente de investigación, para determinar la existencia de elementos que configuren una falta administrativa no grave o, en su caso, grave”, asegura.

Auditoría detecta posibles irregularidades en contrataciones

El documento revela que “el pasado 9 de octubre, el OIC notificó al instituto 45 cédulas de observaciones preliminares, derivadas de la auditoría A07-ADQ-2026 denominada ‘Procesos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios’. “(El) objeto fue fiscalizar los procedimientos de contratación realizados durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2026, de las áreas administrativas tales como la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Dirección Ejecutiva de Administración, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, entre otras”.

“Uso o aplicación irregular de recursos públicos, que podría derivar en desvío de recursos públicos. Irregularidades en procedimientos de contratación, que pueden derivar en simulación de cumplimiento de requisitos en las contrataciones y abuso de funciones.

Detalla que entre los hallazgos están “posible presentación de documentación e información falsa o alterada. Posibles ocultamientos y actuaciones bajo conflicto de interés. Posible ejercicio de recursos sin debida comprobación. Posibles actos de colusión y de participación ilícita en procedimientos administrativos. Posible identificación de personas morales que no acreditan capacidad técnica, económica u operativa para prestar los servicios contratados. Posible incumplimiento de obligaciones contractuales, fiscales y de seguridad social”.

Investigan posibles faltas administrativas y daños patrimoniales

Informa además que “durante los ejercicios 2025 y 2026, este Órgano Interno de Control (OIC) ha iniciado 16 expedientes de investigación relacionados con los hechos recientemente publicados; de los cuales, 11 son relativos a contrataciones públicas, donde se investiga a, por lo menos, 15 personas servidoras y exservidoras públicas, ocho personas físicas y 18 personas morales.

Adicionalmente, como resultado de seis ejercicios de auditoría y ocho revisiones de control, se han iniciado 25 investigaciones adicionales en materia de contrataciones. Las posibles conductas identificadas con las indagatorias incluyen: falta a la veracidad en la información declarada, que actualiza ocultamiento de conflicto de interés o enriquecimiento ilícito.

Uso o aplicación irregular de recursos públicos, que podría derivar en desvío de recursos públicos. Irregularidades en procedimientos de contratación, que pueden derivar en simulación de cumplimiento de requisitos en las contrataciones y abuso de funciones.

“Deficiencias en la planeación, administración, supervisión, recepción o pago de bienes y servicios, que actualicen un daño patrimonial. Incumplimiento de funciones o deberes de supervisión, que podrían causar daños y perjuicios a la hacienda pública.

“Actuación bajo conflicto de interés, abuso de funciones o participación indebida en procedimientos de contratación y Faltas de particulares vinculados con procedimientos de contratación pública”, dice.

Este informe es adicional al que entregó en febrero de este 2026 y a la comparecencia que tuvo ante diputados federales el pasado 9 de septiembre, en los que no hizo mayor referencia a las anomalías en los contratos del INE.