Minimizan autoridades daños por derrame de petróleo y descartan afectación severa

La Semarnat alega que la contaminación por hidrocarburos en costas del Golfo de México no representa un daño severo.

Las autoridades cuestionaron los señalamientos de organizaciones civiles sobre la magnitud del incidente.

Pese a las denuncias de pescadores y lugareños, autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sostienen que los daños asociados a la contaminación por hidrocarburos en costas del Golfo de México no serían severos, a la par de rechazar la lectura de organizaciones civiles que denuncian una afectación de mayor escala en Veracruz y Tabasco. La dependencia también hizo cuestionamientos a la imagen difundida por la ONG Greenpeace, argumentando que no corresponde necesariamente a una escena satelital original trazable y que, sin muestreo directo en el agua, no puede confirmarse que las manchas observadas sean petróleo.

De acuerdo con la postura oficial retomada en informes sobre el caso, Semarnat plantea que no se trataría de un derrame en sentido estricto, sino de una descarga puntual de hidrocarburo ya intemperizado. La versión gubernamental apunta a que el material hallado pudo provenir de una embarcación privada en altamar, en una zona entre Pajaritos y Dos Bocas, aunque hasta ahora no se ha identificado públicamente al responsable. En ese mismo recuento se indica que se han recolectado más de 90 toneladas de residuos con hidrocarburos y que las labores de limpieza presentan un avance cercano al 85 por ciento.

Frente a esa versión, organizaciones como Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y CartoCrítica sostienen que el vertido habría comenzado entre febrero y marzo y que las autoridades actuaron con opacidad y contención insuficiente. Según su análisis de imágenes satelitales, la mancha habría alcanzado unos 50 kilómetros cuadrados y los residuos llegaron de forma gradual a las costas de Tabasco y Veracruz durante varias semanas, sin que se emitiera una alerta pública preventiva a las comunidades costeras.

La controversia escaló también al Senado, donde se aprobó un exhorto para que Semarnat, la ASEA y los gobiernos de Veracruz y Tabasco informen sobre el origen, la magnitud y las afectaciones ambientales del incidente, además de detallar la respuesta operativa desplegada. Con ello, el caso se mantiene abierto entre la evaluación oficial que descarta un escenario grave y las exigencias de organizaciones y legisladores que piden mayor transparencia sobre el verdadero alcance del daño.