Presume CNDH apoyo ciudadano, pero oculta encuesta que lo avala

En sus campañas oficiales, el organismo dice tener 71% de aprobación en 2025, pero no ha dado a conocer el documento que lo avale; expertos critican actuación con víctimas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos difunde en sus campañas institucionales que casi 71% de la ciudadanía considera que protege los derechos humanos. Sin embargo, a la fecha no ha hecho públicos los resultados completos de la Encuesta Nacional de Opinión Pública 2025 ni la metodología correspondiente, lo que impide conocer el sustento técnico de ese resultado y compararlo con ejercicios previos, entre ellos el de 2024, cuando cuatro de cada 10 personas evaluaron favorablemente su desempeño.

El porcentaje de 71% es utilizado por la CNDH en spots de radio, televisión y plataformas digitales. No obstante, el estudio completo y el documento metodológico no se encuentran disponibles para consulta pública.

En su Informe de Actividades 2025, la propia CNDH señala que el levantamiento de la Encuesta Nacional de Opinión Pública en vivienda se realiza durante el segundo semestre del año, sin que el documento íntegro haya sido publicado. La encuesta correspondiente a 2024 sí fue difundida por la institución junto con información metodológica.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que la visibilidad y el contacto ciudadano con la CNDH permanecen limitados. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024 reporta que apenas una minoría de la población adulta ha tenido contacto o referencia reciente del organismo, pese a que se trata de la principal institución pública encargada de la defensa de los derechos humanos en el país.

El activista y exintegrante del Consejo Consultivo de la CNDH, Michael Chamberlin, señala que desde el inicio de la actual gestión surgen cuestionamientos sobre la autonomía del organismo por su cercanía con el gobierno federal y Morena.

Afirma, además, que se documentan casos de inconformidad en la atención a víctimas y en el funcionamiento interno de la institución. “Se acompañan algunos casos en donde ni siquiera les levantan la llamada a las víctimas, las dejan colgadas”, sostiene.

Chamberlin añade que la comisión es omisa frente a violaciones graves a derechos humanos y que en diversos posicionamientos coincide con posturas del gobierno federal. A su juicio, los niveles de confianza reflejados en la encuesta difundida en 2024 evidencian una legitimidad limitada.

“Una institución de derechos humanos necesita credibilidad pública para acompañar víctimas y señalar abusos de poder. Cuando la gente deja de confiar en ella, pierde capacidad de representación y de incidencia”, afirma.

También considera que la fortaleza de una institución pública no puede medirse únicamente a partir de indicadores de percepción. A su juicio, la evaluación de la CNDH debe considerar variables objetivas como la atención a las víctimas, el seguimiento de las recomendaciones emitidas y su capacidad para actuar frente a violaciones graves a derechos humanos.

“Las encuestas pueden reflejar niveles de conocimiento o de opinión, pero no sustituyen una evaluación de desempeño. Lo importante es saber si la institución está cumpliendo con su mandato constitucional y si las personas encuentran una respuesta efectiva cuando acuden a ella”, afirma.

Javier Martín Reyes, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que la legitimidad de los organismos autónomos depende no sólo de los resultados que reportan, sino también de la transparencia con la que presentan los estudios que los respaldan.

“La confianza pública se construye a partir de la rendición de cuentas. Si una institución utiliza una encuesta para acreditar respaldo ciudadano, resulta importante que la sociedad pueda conocer el estudio completo y los elementos técnicos que le dan sustento”, señala.

Agrega que, en el caso de la CNDH, la publicación íntegra de los instrumentos de medición permitiría verificar aspectos como el diseño muestral, los criterios de levantamiento y la consistencia de los resultados a lo largo del tiempo, lo que facilita la comparación entre ejercicios anuales y el análisis de su evolución.

Martín Reyes subraya, además, que la publicidad de los estudios financiados con recursos públicos constituye una práctica básica de rendición de cuentas.

Patricia Olamendi, exfuncionaria federal e integrante de la organización civil Nosotras Tenemos Otros Datos, cuestiona el uso de encuestas de percepción como parámetro de evaluación institucional.

“En relación con la encuesta no me parece que eso sea un indicador de cumplimiento de sus obligaciones de defensa y protección de los derechos humanos de todas las personas.

“Una encuesta puede ser comprada a modo, por lo cual para mí eso no significa nada; lo que importa son los casos que defiende y las personas que acuden a pedir apoyo a la CNDH”, afirma.

Agrega que la comisión no acompaña de manera visible a sectores que enfrentan violaciones graves a derechos humanos.

“La realidad es que no hemos visto una CNDH acompañando a las madres buscadoras ni exigiendo el derecho a la verdad y a la justicia. Tampoco le hemos visto acompañando a las mujeres víctimas de violencia ni a niñas y niños víctimas de violencia sexual”, indica.

Para Olamendi, la discusión de fondo no es cuántas personas dicen confiar en la institución, sino cuál ha sido su actuación frente a las principales crisis de derechos humanos del país.