Tras críticas reculan Ministros y afirman no usarán las camionetas blindadas

Foto: RRSS

*La SCJN anunció que las unidades serán devueltas o puestas a disposición de juzgadores con mayor riesgo, “con apego a la normatividad”.

Tras duras críticas en redes sociales y medios de comunicación y a petición expresa de información de la presidenta Claudia Sheinbaum, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron que no utilizarán las camionetas blindadas adquiridas recientemente y que éstas serán devueltas o reasignadas a personas juzgadoras que enfrentarán mayores riesgos.

En un mensaje difundido en redes sociales la SCJN precisó que solicitará iniciar el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, poner los vehículos a disposición de juzgadoras y juzgadores en condiciones de vulnerabilidad, “siempre con apego a la normatividad aplicable”. La Corte reiteró su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos y adelantó que ofrecerá una conferencia de prensa en sus instalaciones para precisar la información.

El 22 de enero se difundió en medios que los ministros, electos en una cuestionada elección,  habían estrenado camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas. Un día después, la presidenta de la República informó que, a través de la Secretaría de Gobernación, solicitó al Poder Judicial detalles sobre la adquisición y subrayó que la SCJN debía aclarar la situación.

De manera paralela, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) sostuvo que la compra forma parte de un cambio de esquema en el parque vehicular del Poder Judicial, al pasar del arrendamiento a la adquisición, lo que —aseguró— representaría un ahorro de 1,098 millones de pesos para los años 2026, 2027 y 2028. Hasta ahora, el OAJ no ha transparentado el contrato. No obstante, el acta de la sesión del 5 de diciembre del Comité de Adquisiciones, Servicios, Obras y Desincorporaciones (CASOD) consigna un costo total de 25 millones 650 mil pesos, equivalente a un promedio de 2 millones 850 mil pesos por unidad, con IVA incluido. En dicha sesión no se expusieron razones específicas para autorizar la compra; el acta sólo se refiere a que la solicitud fue presentada por la Dirección General de Seguridad.

La empresa adjudicada pertenece al Grupo Andrade, proveedor de patrullas y vehículos de alquiler para distintos gobiernos de la 4T. El 22 de enero, la SCJN argumentó que la compra de nueve camionetas ciegas respondió a criterios de seguridad institucional, luego de que las unidades asignadas en administraciones anteriores ya no cumplían con los estándares adecuados. Según el comunicado, la determinación contó con opiniones técnicas de autoridades federales que concluyeron que el uso de las unidades anteriores comprometía la operación.

Finalmente, el Poder Judicial precisó que la renovación del parque vehicular se realizó en apego a la normatividad interna vigente desde 2019, la cual establece la renovación periódica de este tipo de vehículos por motivos de seguridad y por la naturaleza del servicio que prestan. Con el anuncio de hoy, las ministras y los ministros detuvieron su utilización y abrieron la puerta a reorientar esos recursos materiales hacia quienes más lo necesitan dentro de la Suprema Corte de la Nación.