Caso de doña Carlota destapó negocio millonario de okupas en el Edomex

El caso de la adulta mayor que abatió a disparos a presuntos invasores en Chalco, reveló el negocio millonario del despojo de viviendas en la entidad, como en Tecámac, donde están implicados desde el CO hasta notarios

La situación del despojo de viviendas en el Estado de México es un problema que va más allá de Chalco, dónde están implicados no sólo grupos criminales, como Unión Tepito, Los 300, La Chokiza y sindicatos como el del 25 de Marzo y el del 27 de Octubre, sino también varios abogados, notarías y autoridades estatales, federales y municipales e, incluso, individuos que participan actualmente como candidatos en la elección judicial.

El caso de la adulta mayor Carlota, quien asesinó a un presunto invasor de su propiedad y al padre de éste en ese municipio mexiquense, el pasado 2 de abril, no es el único, por toda la entidad se replica la situación bajo el cobijo de las autoridades que, ahora, buscan regularizar predios que fueron arrebatados a sus propietarios mediante empresas paramunicipales.

Así lo acusa José Humbertus Pérez Espinoza, líder del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C. y de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, quien pasó cuatro años en prisión —uno de ellos en un penal psiquiátrico— por intentar recuperar casas invadidas en el municipio de Tecámac.

La lucha de José Humbertus inició luego de que la constructora Urbi Desarrollos Urbanos entregara casas de mala calidad en los Conjuntos Urbano de Villa del Real Quinta Sección, en Tecámac, y sin servicios públicos, como agua, lo que propició que éstas quedaran sin habitar, situación que abrió la puerta a la invasión de al menos 400 viviendas.

“A raíz del fracaso de las viviendas, por su distancia, por su sobrevaluación, fueron abandonadas. Y las que no abandonaron tuvimos que hacer frente a las invasiones. A los invasores que llegaban a las casas y se metían, en este caso, en el Estado de México, en el municipio de Tecámac”, indica.

“Nosotros le teníamos que dar agua a la Sexta Sección —que eran otras tres mil 600 viviendas—, porque la constructora vendió nuestras casas no dándole la infraestructura hidráulica de pozos de bombeo y de agua potable, drenaje y alcantarillado a la Sexta. Y entonces, a través de nosotros, le dábamos todavía a seis mil viviendas. Eso está tipificado como un delito de fraccionadores”.

De acuerdo con el artículo 189 del Código Penal del Estado de México, son delitos en contra del desarrollo urbano aquellos que cometen quienes fraccionan o dividen un inmueble en lotes y los comercializan sin contar licencia; quienes venden este tipo de lotes o quienes dividen un terreno sin cumplir con el número de lotes o medidas autorizadas o no hayan ejecutado o concluido las obras de urbanización o equipamiento urbano establecidas en la autorización otorgada.

El activista denuncia que, en 2013 y 2014, fueron las autoridades estatales del Grupo Atlacomulco, junto con el ahora exedil Aarón Urbina Bedolla, su hermano Vicente y el entonces fiscal de Justicia del estado, Alejandro Gómez Sánchez — ahora candidato al Tribunal de Disciplina Judicial estatal—, quienes operaron la invasión de miles de viviendas de conjuntos habitacionales en la entidad mexiquense, con criminales como brazo operativo.

“El expresidente municipal de Tecámac Aarón Urbina Bedolla y su hermano Vicente invadieron las casas junto con un grupo criminal que se comenta era la Unión Tepito, que venían huyendo de una disputa, muchos de ellos, y agarraron de refugio y de santuarios de impunidad viviendas que estaban desalojadas”.

Como un ejemplo, en 2020, Itatí “N”, hija de Roberto Mayado Esparza, El Betito, fundador de la Unión Tepito, fue arrestada en una vivienda de Villas del Real, Sexta Sección, donde se escondía por el asesinato de su expareja.

“En las casas, lo que hicimos fue disuadir; tener asambleas por privada para que no se metieran, pero en la noche se abrían las puertas y se metían los invasores, y siempre apoyados con la policía municipal”, relata José Humbertus Pérez.

“Es ahí donde nace la nueva forma de hacer negocios con una estructura criminal de invasores vinculados a grupos delictivos”, afirma.

En marzo de 2015, el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna logró asegurar seis mil viviendas al ganar una demanda contra la empresa inmobiliaria, porque ésta no había cumplido con la normatividad urbana y se habían demostrado el llamado delito de fraccionadores.

El aseguramiento de las viviendas se dio mediante el juicio indirecto número 405/2015, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en el municipio de Naucalpan, para garantizar su propiedad y que, así, se impidiera que terceros pudieran escriturarlas o venderlas. También para que se repararan los daños a los afectados por los vicios en su construcción y comercialización.

“Como no podían ellos quitarnos las viviendas, porque teníamos más de 300 juicios ganados contra hipotecarias y constructoras en todo el país, lo que hicieron fue meter a unos invasores”, relata Pérez Espinoza.

Agrega que Carlos Medina Olivares, exdirector de la policía municipal, alentó las invasiones, ante lo cual, los vecinos comenzaron con manifestaciones.

“Nosotros no podíamos permitir que ellos se beneficiaran de una reparación de daño, de un juicio que estaba costando mucho trabajo por la complicidad de las autoridades; y no les íbamos a dar el carácter de dueños porque no lo eran…. si la gente ya había adquirido sus casas por créditos de Infonavit, de Fovissste o de Sociedad Hipotecaria, quien tenía el derecho a ser beneficiado eran los originarios dueños, no los invasores”, señala.

Fraude y protección

La oleada de invasiones en Tecámac, en conjuntos urbanos como Héroes Tecámac, construido por Grupo Sadasi, y Villa del Real, edificado por Urbi Desarrollo Urbano, no se dio por sí sola.

“El negocio de la invasión fue un negocio estructural que estuvo acompañado con un fraude hipotecario en todo el país, que costó más de un billón 300 mil millones de pesos. En el caso del Estado de México, las autoridades alentaron esa estructura criminal porque también necesitaban utilizar esas casas, dárselas a personas para tener el beneficio de las votaciones (de 2015)”, asegura Pérez Espinoza.

Señala al entonces fiscal estatal, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, como el brazo ejecutor que alentó y protegió a los invasores a través del fiscal regional de Tecámac, Eloy Peralta Mora. “Él vino a proteger y alentar para que ninguna denuncia penal de las que se venían presentando —porque no sólo fuimos nosotros— pudieran irse integrado”, acusa.

“El negocio fue agarrando una estructura criminal tal que, después, muchos grupos de invasores se convirtieron en empresas inmobiliarias y comenzaron a comprar derechos litigiosos de juicios hipotecarios y, a su vez, con dinero de procedencia ilícita, producto de las invasiones comenzaron a ir acumulando una estructura criminal que después se fue sumando en ese mismo modus operandi, con otros grupos”, lamenta.

En la estructura de invasores implica al presidente municipal, a la policía de la demarcación y a la Secretaría de Seguridad, que protegen a los responsables de las invasiones.

“Y tenemos, principalmente, a los más responsables: la Fiscalía, que son los que tienen que integrar la carpeta de investigación a la brevedad, porque somos personas víctimas de los desalojos y víctimas de las invasiones, y también notarios públicos”, subraya.

Asimismo, denuncia que, en alianza con el Instituto de la Función Registral en el Estado de México, llamado Registro Público de la Propiedad a nivel federal y en otras entidades, la estructura criminal accede a los datos de los propietarios.

“Y, entonces, a través de esa forma de corrupción, saben qué predio, qué casa, qué vivienda está vacía, ven en qué condiciones están y ya los policías saben cuál es el modus operandi, que por ejemplo, el caso de Tecámac, que es el pionero. De ahí nace toda la estructura criminal de esta nueva etapa de desalojos que existe en el Estado de México”, detalla.

Regularizar el delito

El líder del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna alerta que, en la actualidad, el gobierno del Estado de México conoce la problemática de las invasiones, que data de hace más de 10 años, y que, contrario a combatirla, pretende regularizar la tenencia de viviendas ocupadas de manera ilegal.

“Lo que se tendría que haber hecho es iniciar un proceso serio sobre lo que está pasando en el Estado de México, porque el delito de los despojos se ha institucionalizado con Morena, que lo que hizo fue encontrar un negocio boyante desde 2018”, subraya.

“El caso más importante, de Morena, lo tenemos con la expresidenta municipal, actualmente senadora, Mariela Gutiérrez Escalante, que (a través de su interina) creó una empresa paramunicipal… quieren legalizar 30 mil viviendas, la mayoría invadidas, y terrenos que han sido producto de invasores, y les quieren dar, con esta empresa paramunicipal, el carácter de propietarios.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es que nuestras 16 carpetas de investigación se consignen, por los invasores que todavía viven ahí y que hicieron más negocios, y que se diga cuándo van a ir a prisión… queremos que se inicien esas carpetas contra los invasores, y que están cerca de la campaña del exfiscal, hoy candidato al Tribunal de Disciplina Judicial, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, al que nosotros lo tenemos denunciado penalmente porque él fue parte de esa estructura criminal de invasiones y desalojos mediante el fraude procesal.

“No sabía que Carlota los iba a poner contra la pared… la señora Carlota destapó la cloaca en el Edomex”, concluye.