Incrementa Trump presión contra migrantes

Las autoridades fronterizas de los Estados Unidos cobran cada vez más a indocumentados por arrestos y deportaciones, en tanto se endurecen las medidas para el envío de remesas

San Diego.– Cada minuto, la comunidad indocumentada en Estados Unidos aporta 186 mil dólares a la economía de ese país. Sin embargo, en su afán por propiciar autodeportaciones, el gobierno de Donald Trump inició una guerra económica contra los migrantes con crecientes multas, sanciones económicas y vigilancia fiscal.

Si un indocumentado es detenido al cruzar la frontera o los límites marítimos, pagaba una multa de cinco mil 130 dólares; el mismo monto para menores de edad que cruzan solos.

Esa multa subió a 18 mil dólares por cruzar sin permiso la frontera, de acuerdo con el Registro Federal. El aumento incluye cargos por hacer que las autoridades tengan que localizar, detener y deportar a cada migrante.

La misma cantidad aplica para quienes cruzan la frontera en busca de asilo.

La administración tiene al mismo tiempo una tarifa de 998 dólares por cada día que siga sin autodeportarse un migrante al que los tribunales hayan ordenado salir del país.

De quedarse un año, deberá 365 mil dólares, lo que difícilmente habría ahorrado, aunque hubiera años trabajando con estabilidad en Estados Unidos. La administración, sin embargo, establece como límite los cinco años, con un acumulado de un millón 825 mil dólares. 

Esta semana, EU convirtió a cada indocumentado que envía remesas o tiene cuenta bancaria en un potencial criminal, bajo el argumento de que podría transferir o lavar dinero del narcotráfico.

Los indocumentados que desde el 2023 han abierto con Matrícula Consular Mexicana cuentas bancarias en instituciones financieras como Wells Fargo o US Bank ahora tendrán que presentar documentos que demuestren que residen legalmente en el país, o sus fondos pueden terminar congelados.

La misma ley que termina con el secreto bancario para los indocumentados exige pruebas de residencia para enviar remesas.

Paralelamente, los indocumentados han pagado impuestos con una clasificación que acepta el Servicio de Contribuciones Internas (IRS), el Número de Identificación Personal de Contribuyente (ITIN) porque carecen de identificación y número de Seguro Social y para evitar penas por incumplir obligaciones fiscales.

Desde el año pasado, el IRS comparte información con la agencia encargada de la deportación masiva, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El ITIN tiene datos como el domicilio personal y el del trabajo del contribuyente.

Esto, mientras la comunidad indocumentada aporta a la economía estadunidense unos 98 mil millones de dólares anuales en impuestos, según la organización Estadunidenses por la Justicia Tributaria.

Los indocumentados aportan a dos sistemas de asistencia que necesitan sus contribuciones para mantenerse a mediano plazo, las pensiones del Seguro Social para jubilados e inválidos, y el Medicare, el seguro de salud para adultos mayores.

Los migrantes aportan a esos sistemas 25 mil 700 millones anuales al Seguro Social y seis 400 millones a Medicare, de acuerdo con las últimas actualizaciones, de 2022.

Una investigación que publicó en noviembre del año pasado la organización California Importa o CalMatters advierte que las aportaciones de la comunidad indocumentada no se limitan a las tributarias, sino que el trabajo de familias e individuos indocumentados genera otros empleos.

Calcula que sin la actividad económica de los indocumentados, el Producto Interno Bruto (PIB) estadunidense se reduciría entre 1.1 y 1.7 billones de dólares anuales.