Puebla y Tlaxcala, epicentro de la trata de personas en México: Ibero Puebla alerta sobre crisis estructural

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*El país enfrenta un fenómeno de “dimensiones de crisis estructural”, que ya coloca a México en el tercer lugar mundial con más casos: Óscar Montiel

La Universidad Iberoamericana Puebla, en coordinación con el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A. C., advirtió que Puebla y Tlaxcala se encuentran entre las regiones más afectadas por la trata de personas en México, una problemática que persiste pese a contar con marcos legales como el Protocolo de Palermo (2003) y la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas (2007).

Durante la jornada Tramas de la trata Puebla-Tlaxcala: agenda pendiente para el acceso a la justicia y la prevención, especialistas coincidieron en que las cifras de estos estados reflejan una crisis grave y estructural. Entre 2015 y 2022, Puebla registró 280 víctimas, de las cuales 63% son mujeres. En Tlaxcala, organizaciones señalan que las redes de trata operan en al menos 17 estados, mientras que de 2022 a 2025 se atendió a 53 mujeres, sin que exista un refugio especializado.

“Esta grave violación a los derechos humanos hace objetos a estas víctimas”

En su mensaje de bienvenida, Nathaly Rodríguez Sánchez, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, señaló que “esta grave violación a los derechos humanos hace objetos a estas víctimas y a las familias”, quienes se mantienen unidas mediante la “exigencia de justicia”.

Por su parte, Marisol Flores García, directora del Centro Fray Julián Garcés, afirmó que “a pesar de la ratificación del protocolo de Palermo (…) la trata de mujeres en la región Puebla-Tlaxcala sigue siendo grave y negada por los gobiernos”. Agregó que la jornada es “un punto de partida para el análisis de las violencias que vivimos las mujeres”.

Una problemática deshumanizante y con alta cifra negra

Durante la conferencia sobre la situación actual de la trata en ambos estados, Ana Gamboa Muñoz, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) del IDHIE, expuso que este delito despoja de humanidad a las víctimas, cuyos cuerpos “se vuelven mercancías usadas para cualquier propósito que defina la persona o redes que les tratan”.

Rosario Arrambide González, de la Defensoría de Derechos Universitarios, advirtió que existe “una cifra negra mayor al 90%”, lo que implica que por cada víctima registrada existen 20 más sin reportar. Además, señaló que en Puebla las principales víctimas son mujeres mayores de 18 años, generalmente desaparecidas, y que “podemos observar la cosificación y la mercantilización de los cuerpos de las mujeres”.

Tlaxcala: control territorial y negación gubernamental

En su exposición sobre la situación tlaxcalteca, Ixchel Yglesias González Báez, del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), detalló que el sistema proxeneta opera mediante “mecanismos de control que tienen como finalidad anclar a las mujeres a la explotación sexual”, entre ellos control emocional, pérdida de individualidad y manipulación afectiva.

Explicó que, aunque diversas organizaciones reconocen presencia de trata en 40 de los 60 municipios, el Gobierno estatal ha negado reiteradamente su existencia. La investigadora enfatizó: “tú podrías encerrar a todos los proxenetas, pero (la trata) va a seguir, porque se articula con otros procesos de violencia estructural”, y advirtió que “la trata sirve al control territorial”.

México, tercer lugar mundial en casos de trata

Oscar Montiel Torres, de Observa Trata, alertó que el país enfrenta un fenómeno de “dimensiones de crisis estructural”, que ya coloca a México en el tercer lugar mundial con más casos, especialmente de niñas y mujeres. Criticó las políticas actuales, al señalar que solo han permitido el desarrollo de “marcos que justifican la explotación de las mujeres”.

La jornada concluyó con un pronunciamiento conjunto del IDHIE, el Centro Fray Julián Garcés y organizaciones participantes, el cual incluye siete recomendaciones dirigidas a las autoridades estatales para fortalecer la prevención, atención y acceso a la justicia para las víctimas de trata.