Revisión de cuentas públicas 2024: Judicatura, bajo la lupa por 272 mdp en opacidad

La ASF señaló al organismo, hoy extinto, debido a una serie de deficiencias en el manejo de recursos destinados para la adquisición de bienes y a la contratación de servicios

El Consejo de la Judicatura Federal incurrió en una serie de deficiencias para el manejo de recursos destinados a la adquisición de bienes y la contratación de servicios, que suman 272.4 millones de pesos sin aclarar.

La revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2024 revela un patrón de opacidad y falta de control administrativo del órgano, hoy extinto debido a la reforma judicial.

Por ejemplo, el CJF no hizo efectiva una fianza por 431.9 mil pesos a una empresa por la suspensión del servicio de comedor en su sede regional de Toluca. También se detectaron pagos millonarios por servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento sin la evidencia que comprobara su prestación.

Tres compañías de seguridad privada recibieron 21.4 millones sin demostrar la ejecución del servicio.

Otras empresas cobraron casi 50 millones de pesos por limpieza y mantenimiento sin comprobantes ni registros de asistencia del personal.

En otro caso, la Judicatura desembolsó más de 92 millones por servicios de impresión y copiado sin los reportes obligatorios. De acuerdo con el Tomo V del informe Poder Judicial, el CJF reportó ingresos por 70 mil 55 millones de pesos, aunque su presupuesto original era de 68 mil 917 millones.

Detectan anomalías por 272 mdp en CJF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encendió las alarmas en el Poder Judicial, debido que durante la revisión de la Cuenta Pública 2024, el entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF) fue señalado por múltiples deficiencias en el manejo de recursos destinados a la adquisición de bienes y la contratación de servicios, irregularidades que suman 272.4 millones de pesos sin aclarar.

De acuerdo con el Tomo V del informe “Poder Judicial”, el CJF reportó ingresos totales por 70 mil 55 millones de pesos, aunque el presupuesto originalmente autorizado ascendía a 68 mil 917 millones.

La auditoría practicada tuvo como objetivo verificar la correcta aplicación de esos recursos; sin embargo, los hallazgos revelan un patrón preocupante de opacidad y falta de control administrativo.

Entre las principales observaciones destaca que el CJF no hizo efectiva una fianza por 431.9 mil pesos a la empresa Profesionales en Comidas Industriales S.A. de C.V. por la suspensión del servicio de comedor en su sede regional de Toluca. Además, se detectaron pagos millonarios por servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento, sin la evidencia documental que comprobara su prestación efectiva.

Por ejemplo, tres compañías de seguridad privada recibieron 21.4 millones de pesos sin demostrar la ejecución del servicio. Otras empresas, como Eos Limpieza e Inmobiliaria DNI, cobraron casi 50 millones de pesos por limpieza y mantenimiento sin comprobantes ni registros de asistencia del personal. En el caso de Distri Copy S.A. de C.V., el CJF desembolsó más de 92 millones de pesos por servicios de impresión y copiado sin los reportes técnicos obligatorios.

La ASF también detectó pagos sin respaldo por servicios tecnológicos y de soporte informático, entre ellos los de Microsoft México, IQsec y UNINET, por más de 200 millones de pesos. Ninguno presentó documentación suficiente que justificara la ejecución de actividades o la aplicación de penas convencionales por retrasos y fallas.

Pese a que el dictamen concluye que el CJF cumplió “en términos generales” con la normativa, los resultados arrojan 11 recomendaciones, 11 pliegos de observaciones y 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, además de una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

Los resultados de la ASF señalan que el entonces Consejo de la Judicatura Federal dejó sin aclarar 272 millones 437 mil pesos, cifra que refleja una preocupante relajación en los controles internos del Poder Judicial, órgano que tiene la misión de garantizar la legalidad y la transparencia en el país.